Llega el juicio. El abogado Ramiro consigue tumbar la acusación por delincuencia organizada, pero Soto llega al juzgado con la acusación de narcotráfico. Probada la tortura, Ramiro cree que el tribunal lo absolverá.
Los militares están encerrados en la cárcel de Perote. Como son acusados de delitos contra la salud - narcotráfico - tienen que estar en una cárcel de máxima seguridad, que queda a casi 3 horas de Ciudad de México y hace cada vez más difíciles las visitas para sus familias. Tanya y Soto pasan de verse 4 o 5 veces por semana a una cada quince días, si les va bien.
En esa prisión civil los soldados esperan el juicio, que en el sistema militar se llama Consejo de Guerra. Pese a que la Secretaría de la Defensa firmó un convenio de reparación del daño con ellos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó la tortura contra Soto y Sócrates, el juzgado no los toma en cuenta. El abogado Ramiro intenta otro recurso: denunciar por tortura a los elementos de la Policía Judicial Militar que torturaron a Soto y los demás. Llaman a declarar a Fabián Jiménez Flores, el teniente de Caballería que trasladó a Soto de Saltillo a CDMX. Él dice que cuando quiso arrestarlo el propio Soto se entregó y le dio armas y dinero que supuestamente tenía en casa.
Ramiro trata de acreditar que los elementos de la Policía Judicial Militar torturaron a Soto y los demás, pero 8 años después sólo se ha podido probar que 1 de los elementos estuvo en Saltillo antes del 16 de marzo, el día que los militares son enviados a Ciudad de México. Por falta de pruebas, la justicia militar archivó la investigación por tortura contra los elementos de la Judicial Militar.
En abril de 2017 comienza el Consejo de Guerra para la mitad de los acusados, incluido Soto. Tanya pide vacaciones del trabajo para acompañar a su esposo en el campo militar que está cerca de la prisión civil, donde se llevó a cabo el juicio. Los fiscales presentan la acusación y los abogados argumentan en contra. Después de las pruebas, casi al final del juicio, todos los soldados acusados toman la palabra para defenderse y contar su versión. Después de varias sesiones largas y emocionales para ellos y sus familias, Soto y sus compañeros fueron sentenciados a 26 años y 3 meses de prisión.